Acaba el verano y empieza un nuevo curso televisivo, y nos toca recordar qué cuestiones importantes estaban encima de la mesa cuando nos fuimos de vacaciones. Entre las destacadas, la paralización de la industria de Hollywood por la huelga de guionistas -reforzada en última instancia por los más de 160.000 actores representados por el sindicato SAG-AFTRA-, el uso y los límites de la Inteligencia Artificial en las industrias creativas y, en el ámbito local, una convocatoria de elecciones que dejó la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual en el limbo. Todas tienen algo en común, afectan al elemento clave de la cadena de valor audiovisual: la Propiedad Intelectual. La titularidad y remuneración de los derechos económicos derivados de la actividad de la industria llevan tiempo siendo el caballo de batalla en un tablero de juego que parece inclinado. En el ámbito local el proyecto de la Ley del Cine, incluida en el Plan de Impulso a la Industria Audiovisual del Gobierno anterior, venía a proteger la figura del productor independiente, absolutamente necesaria para el desarrollo económico del sector, pero también para preservar nuestra identidad cultural. Hace ya dos años de la presentación del plan estratégico que persigue aumentar la producción nacional en un 30%, dos años en los que la producción independiente ha señalado con vehemencia que su rol se estaba viendo relegado a mero prestador de servicios de los grandes emisores y plataformas audiovisuales al perder la propiedad intelectual en acuerdos no del todo justos. No hay que olvidar que esta industria traslada a la población los valores culturales de la nación, y que la independencia y la diversidad de pensamiento es lo que garantiza una sociedad sana y una visión democrática. Y es aquí donde parece que un mayor impulso a la industria audiovisual no conlleva necesariamente una mayor defensa del patrimonio cultural si no se protege la libertad de creación y los derechos morales asociados, y se conserva el vínculo económico entre el creador y productor, y la obra, a través de la propiedad intelectual. Para proteger nuestra identidad y diversidad es importante que el nuevo Gobierno se comprometa con la tramitación de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, y con la revisión y modernización de la normativa que regulará asuntos como el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual, la obligatoriedad de ofrecer los datos de visionado de las obras audiovisuales en plataformas, el 35% de ayudas a producción a mujeres y la figura del productor independiente. Establecer modelos que permitan acompañar el crecimiento del mercado, equilibrar cultura y negocio, valor y precio, y las relaciones entre quien produce y quien paga, entre los derechos económicos y los morales, es urgente. Y además, responsabilidad de nuestro país. Que empiecen ustedes bien el nuevo curso.
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