Mientras se debate sobre cuándo podría ver la luz la nueva ley del cine (algunos creen que hacia finales de año, justo antes de las nuevas elecciones), hay varios temas candentes sobre la mesa en el mercado cinematográfico, como la tarifa plana, la prohibición de Cines Yelmo de llevar a las salas comida comprada fuera del circuito, y los martes a 2 euros para los mayores de 65. Pero vayamos por orden. Muchos se han alarmado por la tarifa plana lanzada por Cinesa -basada en el modelo de las plataformas svod-, que permite la entrada ilimitada a las salas pagando una cuota fija mensual o anual, más o menos elevada en función de la inclusión o exclusión de los cines Luxe. En Italia, por ejemplo, se introdujeron iniciativas similares hace unos años, sin contar especialmente con el favor del público (quizá también debido al pago anual por adelantado en una cantidad fija), mientras que en Francia estas tarjetas existen desde los años 2000, y siempre tuvieron mucho éxito (también con precios reducidos para los jóvenes). Es sin duda una piedra en el estanque, pero comprensible en la lógica de sostenibilidad económica de un circuito de la envergadura de Cinesa, que está llamado a hacer frente a enormes costes de gestión. Sin duda, los resultados se verán en retrospectiva. Mientras tanto, Cines Yelmo se encuentra en el centro del debate tras haber prohibido la entrada al cine de alimentos adquiridos fuera de su circuito. Pero, al margen de polémicas y cuestiones legales, lo cierto es que es perfectamente razonable introducir una medida de este tipo en el propio establecimiento comercial. Más aun teniendo que correr con los gastos de limpieza de sus propias salas. Más desconcertante es la introducción de los martes a 2 euros para los mayores de 65. Una medida nacida con el objetivo de “convertir la cultura en una política de Estado”, como declaró el mismo Pedro Sánchez, por la que el Gobierno destina 10 millones de euros para compensar el precio restante de las entradas. Sin duda, es importante que en este tipo de operaciones se garantice a todos los agentes implicados (operadores, distribuidores y productores) una compensación justa. Y encontrar el justo equilibrio exige una mayor cohesión y diálogo entre las asociaciones profesionales, para que puedan presentarse ante el Estado como un frente unido y compacto capaz de dialogar con fuerza y autoridad junto al Gobierno.
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